Lunes, Diciembre 18, 2017
 
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Legislación

Indice del artículo
Legislación
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Igualdad efectiva de mujeres y hombres
Plan de Igualdad de Oportunidades
Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Ley 16/2003, de ocho de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, se aprueba la Ley 16/2003, de ocho de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. Con anterioridad se habían aprobado varios Planes de Igualdad y el Programa Canario para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para el período 2002-2006. La puesta en marcha de este Programa ha dado lugar al desarrollo de actuaciones específicas  y transversales, coordinadas  y promovidas por el Instituto Canario de la Mujer, hoy Instituto Canario de Igualdad, creándose el Sistema Canario de Intervención integral contra la violencia hacia las mujeres.

A los efectos de nuestra Ley autonómica, se consideran formas de violencia contra las mujeres, estén o no tipificadas como delito o falta penal o infracción administrativa por la legislación vigente, las siguientes conductas: *Malos tratos físicos, *Malos tratos psicológicos, *Malos tratos sexuales, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva y de parentesco con la víctima, *Abusos sexuales a menores, que incluye la exhibición y la observación, *Acoso sexual, prevaliéndose el sujeto activo de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, *El tráfico o utilización de mujeres con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, cualquiera que fuera el tipo de relación conyugal, paterno-filial, laboral, etc.- que une a la víctima con el agresor, *Mutilación genital femenina, que no sea de orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realice con el consentimiento, expreso o tácito, de la víctima, *Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, *Maltrato o Malos tratos económicos, así como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja, *Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de lesionar la dignidad, integridad o libertad de la mujer.

La Ley Integral contiene un conjunto de medidas para la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia de género, así como la asistencia y protección de sus víctimas. En cuanto a las actuaciones dirigidas a prevenir posibles situaciones de violencia de género e intervenir sobre las distintas causas que la originan, la Ley establece medidas de detección en distintos campos: actuaciones de estudio, divulgación, información y formación, así como acciones concretas en el ámbito educativo. En este sentido, el  Sistema Canario de Intervención integral contra la violencia hacia las mujeres, para la consecución de dichos objetivos realiza las siguientes funciones:

  • Diagnostica las situaciones  de violencia o riesgo de violencia de género.
  • Vela por el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.
  • Fomenta las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración familiar y sociolaboral de las mujeres.
  • Limita o prohibe todo tipo de conductas y comportamientos de minusvaloración o discriminación de las mujeres.
  • Disminuye los factores de riesgo ante situaciones de marginación socioeconómica.
  • Evita las causas que puedan provocar el deterioro de su entorno sociofamiliar e inciden negativamente en su autoestima.
  • Fomenta la incorporación de las mujeres en la vida social, laboral y económica..

Asimismo, la Ley establece medidas concretas de prevención y actuaciones orientadas a la formación e información y al fomento de las mismas. Y regula sitemas de apoyo, asistencia y ayuda frente a situaciones de violencia de género, definiendo las funciones de cada uno de los centros y servicios asistenciales: los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas, los Centros de Acogida Inmediata, las Casas de Acogida y los Pisos Tutelados. Y prevé la colaboración de instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con las administraciones públicas canarias en el desarrollo de los planes y programas relacionados con la violencia de género.

En general, el sistema de servicios sociales frente a situaciones de violencia contra las mujeres asume distintas fuenciones tales como: - informar a las víctimas de violencia de género; - asistir a las víctimas de violencia de género prestándoles asesoramiento legal, asistencia sanitaria física, psíquica y psicológica que requieran y garantizando, a las mismas y a las personas de ellas dependientes, los medios de manutención y alojamiento que requieran; - prestar acogimiento a las víctimas de violencia de género y personas de ellas dependientes, cuando carezcan de medios propios para ello o cuando exista riesgo razonable de que el retorno al domicilio habitual pueda dar lugar a nuevas situaciones de violencia; - denunciar ante las autoridades competentes las situaciones de violencia de que tuvieran conocimiento, previa conformidad de la víctima; - colaborar con las autoridades competentes en la adopción de medidas asistenciales que tengan por objeto la protección de la víctima ante futuras situaciones de violencia de género, o la aportación de medios probatorios relacionados con la comisión de actos de violencia.

En resumen, la Ley establece que, la asistencia y el asesoramiento a la mujer víctima debe ser integral y coordinada.


Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Según su Exposición de Motivos, la Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres.

La Ley abarca los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula.

La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación.

La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley.

Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo.

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer.

En el ámbito educativo se especifican las obligaciones del sistema para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres.

En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer.

En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los privados.

En el ámbito sanitario se contemplan actuaciones de detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se remitirán a los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisión encargada de apoyar técnicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley.

En lo relativo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, se garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integrada, a través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Con el fin de coadyuvar a la puesta en marcha de estos servicios, se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial.

Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con el fin de garantizar a aquellas víctimas con recursos insuficientes para litigar una asistencia letrada en todos los procesos y procedimientos, relacionados con la violencia de género, en que sean parte, asumiendo una misma dirección letrada su asistencia en todos los procesos. Se extiende la medida a los perjudicados en caso de fallecimiento de la víctima.

Se establecen, asimismo, medidas de protección en el ámbito social, para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las víctimas de la violencia de género, posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato.

Se regulan, igualmente, medidas de apoyo económico, para que las víctimas de la violencia de género generen derecho a la situación legal de desempleo cuando resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de trabajo.

Para garantizar a las víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos unas ayudas sociales en aquellos supuestos en que se estime que la víctima debido a su edad, falta de preparación general especializada y circunstancias sociales no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad, se prevé su incorporación al programa de acción específico creado al efecto para su inserción profesional. Estas ayudas, que se modularán en relación a la edad y responsabilidades familiares de la víctima, tienen como objetivo fundamental facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor.

En lo concerniente a la Tutela Institucional, se crean dos órganos administrativos. En primer lugar, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que corresponderá, entre otras funciones, proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia, que necesariamente habrán de comprender todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres. También se crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia.

La Ley introduce normas de naturaleza penal, mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos agravados de lesiones, uno específico que incremente la sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. También se castigarán como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase cometidas contra las mujeres mencionadas con anterioridad.

Una Ley para la prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer ha de ser una Ley que recoja medidas procesales que permitan procedimientos ágiles y sumarios, que compagine, en los ámbitos civil y penal, medidas de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con carácter de urgencia.

La normativa actual, civil, penal, publicitaria, social y administrativa presenta muchas deficiencias, debidas fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta cuestión una respuesta global y multidisciplinar. Desde el punto de vista penal la respuesta nunca puede ser un nuevo agravio para la mujer.

En cuanto a las medidas jurídicas asumidas para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, se crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Estos Juzgados conocerán de la instrucción, y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean objeto de tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la mediación garantista del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que esta Ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia.

Respecto de la regulación expresa de las medidas de protección que podrá adoptar el Juez de Violencia sobre la Mujer, se ha optado por su inclusión expresa y,  además se opta por la delimitación temporal de estas medidas (cuando son medidas cautelares) hasta la finalización del proceso. Sin embargo, se añade la posibilidad de que cualquiera de estas medidas de protección pueda ser utilizada como medida de seguridad, desde el principio o durante la ejecución de la sentencia posibilitando al Juez la garantía de protección de las víctimas más allá de la finalización del proceso.

Se crea el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia. Los Fiscales intervendrán en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, además de intervenir en los procesos civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores en los que se aleguen malos tratos al cónyuge o a los hijos.

En sus disposiciones adicionales la Ley lleva a cabo una profunda reforma del ordenamiento jurídico para adaptar las normas vigentes al marco introducido con objeto de armonizar las normas anteriores y ofrecer un contexto coordinado entre los textos legales, parte de la reforma integral se ha llevado a cabo mediante la modificación de normas existentes.


Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La principal norma que ampara las Políticas de Igualdad en el ámbito del territorio español es la conocida Ley de Igualdad. Nuestra Constitución española ya había proclamado el derecho a la igualdad  y a la no discriminación por razón de sexo en su artículo 14, así como la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos que lo integra sean reales y efectivas en su artículo 9.2 y, aunque este pleno reconocimiento de la igualdad  formal ante la Ley supuso un paso decisivo en la legislación española, resultó ser  insuficiente.  Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La Ley establece en su artículo 3, que “El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.”

La mayor novedad de la Ley radica en la prevención de conductas discriminatorias  y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. De ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como principio fundamental de la  Ley  y, en este sentido se refiere a la ordenación de la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales bajo la óptica del principio de igualdad  y la perspectiva de género.

La Ley dirige a todos los poderes públicos un mandato de remoción de situaciones de constatable desigualdad fáctica mediante la adopción de las llamadas acciones positivas, pudiendo estas acciones  entrañar la formulación de un derecho desigual en favor de las  mujeres. En lo que concierne a la Administración Pública, incluida la Local,  la Ley de Igualdad establece los siguientes criterios generales de actuación:

1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.

2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el     conjunto de   las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así   como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las      mujeres, incluido el doméstico.

3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las      mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a   minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las   mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.

7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.

9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares.

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

Asimismo, esta ley tiene una especial consideración con los supuestos de doble discriminación y con las singulares dificultades en que se encuentra las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad.

En definitiva, la Ley de Igualdad pretende  promover la igualdad real entre mujeres y hombres, que es un dereccho de las mujeres, pero a la vez un elemento de enriquecimiento de la sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.


I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Cabildo de Lanzarote.

Con el obtetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efeciva de mujeres y hombres -en la que se indica explícitamente que las organizaciones de más de 250 trabajadores deben contar con un Plan de Igualdad de Oportunidades, situación en la que se encuentra el Cabildo- el Cabildo de Lanzarote ha impulsado la elaboración de su I Plan de igualdad entre Hombres y Mujeres.

La elaboración del Plan ha sido promovida desde el Área de Servicios Sociales, Sanidad, Empleo e Inmigración, hoy Área de Bienestar Social, concretamente desde la Unidad  de Igualdad, en su labor de velar por la igualdad entre géneros.

El Plan consiste en un conjunto de medidas adoptadas, después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Se fijan objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

Lás áreas de trabajo en las que se estructura el Plan son las siguientes:

  1. Empleo y Formación
  2. Conciliación de la Vida Familiar y Laboral
  3. Lenguaje e Imagen
  4. Violencia de Género
  5. Promover el Valor de la Igualdad de Género en el cabildo

Previa a la presentación del Plan se creará una Comisión de Igualdad, formada por representantes de los trabajadores/as y el Cabildo, a fin de velar por la correcta implantación del Plan de Igualdad.


Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Según la Exposición de Motivos de la presente Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene como objetivo la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La eliminación de las desigualdades y discriminaciones que han afectado históricamente a las mujeres y niñas, se encuentra en un proceso avanzado de superación, si bein es cierto que el ritmo de superación y los riesgos de vuelta atrás son ciertos y obligan a las diferentes administraciones a tomar las riendas para que la igualdad sea una realidad.

El proceso de descentralización, que a partir del texto constitucional conduce al Estado autonómico, conlleva que sean diversos los poderes públicos que tienen que proyectar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades. Es el caso de Canarias y de su Comunidad Autónoma, que recoge en su Estatuto de Autonomía, dentro del título preliminar, en el art. 5 sobre Derechos y Deberes, de forma expresa en su punto 2.a), que «Los poderes públicos canarios , en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de su política: a) La promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y de la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran». Así mismo, el art. 30 del Estatuto de Autonomía, recoge en el punto 2, dentro de las competencias exclusivas, »régimen de sus organismos autónomos, de acuerdo con la legislación básica del Estado»; así en la creación del Instituto Canario de la Mujer se da cumplimiento a toda la materia de igualdad recogida como mandato en la Constitución española y en todos los tratados internacionales de los que participe España.

La Comunidad Autónoma de Canarias , desde su aprobación y dentro de sus responsabilidades, con la creación del Instituto Canario de la Mujer sobre todo, ha venido desarrollando una importante labor para promover el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida familiar, educativa, social, asociativa, cultural, laboral, económica, religiosa y política, con el fin de favorecer e impulsar la igualdad y el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

El principio de igualdad ha ido evolucionando hacia exigencias de igualdad de oportunidades reales en todos los ámbitos de la vida, haciendo necesaria la implementación de un enfoque más integral y general de la igualdad de género. Ha sido importante la evolución en los trabajos relacionados con la igualdad , hacia la «igualdad de resultados», ya que si nos quedamos solo en la »igualdad de oportunidades», no exigimos la responsabilidad de las administraciones y de la sociedad en general en »garantizar el resultado y la efectividad en las políticas que se diseñan para conseguir que la igualdad sea real y efectiva». Es un concepto de las sociedades más avanzadas en lo que significa la implantación de la igualdad como motor de desarrollo de las mujeres en todas sus potencialidades.

También ha sido importante dentro de la evolución del concepto de igualdad , la incorporación de las teorías feministas y de la igualdad desde la diferencia. Una dificultad importante para la consecución de la igualdad , ha sido la confusión y el empeño de algunos sectores en identificar igualdad con identidad. La igualdad es un concepto que afecta a toda la vida de las personas y, por ende, también de las mujeres , aunque para conseguirla debemos aplicarla teniendo en cuenta las diferencias individuales, ya que, de otra manera, el resultado no sería la igualdad real y efectiva. De ahí que a la igualdad de oportunidades le añadamos la igualdad de resultados de esas oportunidades como sistema de mayor justicia.

La integración de la perspectiva de género en los debates en Canarias ha sido pareja a la realidad del resto de España. En cuanto a su inclusión y valoración en los discursos, documentos, informes y leyes , su incorporación es más reciente, aunque lo ha sido de forma enérgica y muy rápida, faltándole el impulso que supone una ley como ésta para colocar a nuestra Comunidad Autónoma en el lugar que se merece y que, sobre todo, se merece la ciudadanía en Canarias y de forma especial las mujeres .

igualdad en sus diferentes facetas, como los Nows, el Equal Ariadna 2004-2007, Equal Futur@, Interreg IIIB Violeta; el Programa Canario de Violencia 2002-2006; la

Reconociendo los pasos ya dados en diversos ámbitos normativos y territoriales, la Comunidad Autónoma de Canarias necesita dotarse, a través de esta ley , de instrumentos de variada naturaleza y desarrollos eficaces que sirvan al propósito común de una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática en la que las mujeres y los hombres tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades, así como resultados.

En este sentido, la presente ley tiene como objetivo principal garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos, en el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género.

016

Servicio telefónico gratuito de información asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

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112

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 de Canarias se crea con el fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz a todas las llamadas de emergencia que se producen en las Islas.

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