Lunes, Diciembre 18, 2017
 
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Legislación - Igualdad efectiva de mujeres y hombres

Indice del artículo
Legislación
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Igualdad efectiva de mujeres y hombres
Plan de Igualdad de Oportunidades
Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La principal norma que ampara las Políticas de Igualdad en el ámbito del territorio español es la conocida Ley de Igualdad. Nuestra Constitución española ya había proclamado el derecho a la igualdad  y a la no discriminación por razón de sexo en su artículo 14, así como la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos que lo integra sean reales y efectivas en su artículo 9.2 y, aunque este pleno reconocimiento de la igualdad  formal ante la Ley supuso un paso decisivo en la legislación española, resultó ser  insuficiente.  Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La Ley establece en su artículo 3, que “El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.”

La mayor novedad de la Ley radica en la prevención de conductas discriminatorias  y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. De ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como principio fundamental de la  Ley  y, en este sentido se refiere a la ordenación de la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales bajo la óptica del principio de igualdad  y la perspectiva de género.

La Ley dirige a todos los poderes públicos un mandato de remoción de situaciones de constatable desigualdad fáctica mediante la adopción de las llamadas acciones positivas, pudiendo estas acciones  entrañar la formulación de un derecho desigual en favor de las  mujeres. En lo que concierne a la Administración Pública, incluida la Local,  la Ley de Igualdad establece los siguientes criterios generales de actuación:

1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.

2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el     conjunto de   las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así   como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las      mujeres, incluido el doméstico.

3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las      mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a   minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las   mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.

7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.

9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares.

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

Asimismo, esta ley tiene una especial consideración con los supuestos de doble discriminación y con las singulares dificultades en que se encuentra las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad.

En definitiva, la Ley de Igualdad pretende  promover la igualdad real entre mujeres y hombres, que es un dereccho de las mujeres, pero a la vez un elemento de enriquecimiento de la sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.



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